El desafío de la magistratura ante los cambios sociales y económicos - Juíza Oriana Piske
El desafío del juez moderno está en juzgar con Justicia, leyes de las que él debe valerse para poner en práctica los principios jurídicos, como el de la razonabilidad y de la proporcionalidad, en un balanceo de los intereses en conflicto, observando siempre los fines sociales de la ley y las exigencias del bien común, en la manera de fundamentar sus decisiones. Es indispensable que el magistrado tenga prudencia, pues al aplicar la ley en cada caso, él interpreta el fenómeno jurídico. La interpretación y aplicación poseen un contenido eminentemente práctico de la experiencia humana, una vez que se espera una decisión no apenas jurídica, sino también de contenido social. Al final, cambia la sociedad y la forma de pensar el Estado, surgen nuevas tecnologías, la globalización económica pasa a ser una realidad; todo eso conduce a la emergencia de nuevos derechos civiles y políticos que merecen su protección.
Vale recordar que, tras la proclamación de la Declaración de los Derechos Humanos, de 1948, tenemos el gran marco del principio del proceso de Internacionalización de los Derechos Humanos. A partir de aquella fecha se consideran ciudadanos, no apenas los detentadores de los Derechos civiles y políticos, sino también todos aquellos integrantes del ámbito de la soberanía de un Estado y de este Estado reciben unas variedades de Derechos y, también, deberes. Se trata de una nueva concepción de Derechos de ciudadanía que trató de distanciarse del concepto de soberanía estatal absolutista, con el objetivo de salvaguardar los Derechos Fundamentales de todos los ciudadanos.
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos se afirma cada día como una nueva rama del Derecho, dotado de principios y reglas, teniendo como objetivo mayor la protección de la Dignidad de la persona humana en el ámbito nacional e internacional. El "Derecho a tener Derechos", según Hannah Arent (2000), pasó a ser la base primordial de todo el proceso de Internacionalización, por tanto, no sería diferente con relación al proceso de globalización de los mercados que, en la regulación de esos Derechos, la protección de los Derechos Humanos, sean civiles o políticos, en la actualidad, se envuelve un examen multidisciplinar.
Dos grandes desafíos advienen de la globalización económica - invertir en factores económicos que traigan competitividad internacional, o invertir en factores sociales, que permitan el ejercicio de la ciudadanía y el fortalecimiento de una cultura de Derechos Humanos -, y representan dos facetas de una misma realidad de aparente incompatibilidad y de difícil coexistencia, para muchos, he aquí lo que demanda la construcción de un modelo económico que, simultáneamente, contemple la promoción socioeconómica y la necesaria preservación del medio ambiente.
El gran desafío de la humanidad en el siglo XXI está en desarrollar estrategias que garanticen la sustentabilidad requerida, sea en el ámbito social, económico, jurídico, ecológico y cultural, a fin de resguardar los Derechos de ciudadanía. En ese contexto, marcado por la velocidad e intensidad de las transformaciones económicas y por la proliferación de situaciones sociales nuevas y aún no estructuradas, se verifica que la producción legislativa no consigue acompañar tales demandas, a despecho de la utilización de técnicas como las cláusulas generales que conducen a la aplicación, por el órgano juzgador, de los hechos sociales frente a la norma legislada, en sentido de concretizar el Derecho y de la actualización de la norma.
El continuo crecimiento y diversificación de las necesidades de la sociedad, en lo que concierne a la regulación por el Poder Legislativo, hizo insostenible el monopolio parlamentar; por consiguiente, la partición de la competencia legislativa con el Poder Ejecutivo implica la extensión de las competencias propias del órgano de control de la ley - el Poder Judiciario. Por tanto, se abandona la creencia en la autosuficiencia de un proceso lógico-deductivo que reduciría la interpretación a una interpretación del texto, y se destaca la importancia decisiva de la aplicación por la cual cualquier acto de interpretación constituye un aditamento de sentido.
El Judiciario, en los tiempos actuales, no puede proponerse ejercer una función tan solo jurídica, técnica, secundaria, sino que debe ejercer un papel activo, innovador del orden jurídico y social, dado que debe contribuir para la efectividad de los Derechos sociales, procurando darles su real densidad. El juez debe estar atento a las transformaciones del mundo moderno, porque, al aplicar el Derecho, no puede desconocer los aspectos sociales, políticos y económicos de los hechos que le son subyugados. Cabe al juez ejercer la actividad recreadora del Derecho a través del proceso hermenéutico, así como adaptar las reglas jurídicas a las nuevas y constantes condiciones de la realidad social y, con responsabilidad, debe buscar las soluciones justas a los conflictos, siempre con la observancia de los principios constitucionales de la proporcionalidad y de la razonabilidad.
Referencias
ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro.5. ed. São Paulo: Perspectiva, 2000.
GOMES, Luís Flávio. A dimensão da magistratura no Estado Constitucional e Democrático de Direito: independência judicial, controle judiciário, legitimação da jurisdição, politização e responsabilidade do juiz. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997.
MORAES, Germana de Oliveira. Controle jurisdicional da constitucionalidade do processo legislativo. São Paulo: Dialética, 1998.
Controle jurisdicional da Administração Pública. São Paulo: Dialética, 1999.
VASCONCELOS, Pedro Carlos Bacelar de. Teoria geral do controlo jurídico do poder público. Lisboa: Cosmos, 1996.
Vale recordar que, tras la proclamación de la Declaración de los Derechos Humanos, de 1948, tenemos el gran marco del principio del proceso de Internacionalización de los Derechos Humanos. A partir de aquella fecha se consideran ciudadanos, no apenas los detentadores de los Derechos civiles y políticos, sino también todos aquellos integrantes del ámbito de la soberanía de un Estado y de este Estado reciben unas variedades de Derechos y, también, deberes. Se trata de una nueva concepción de Derechos de ciudadanía que trató de distanciarse del concepto de soberanía estatal absolutista, con el objetivo de salvaguardar los Derechos Fundamentales de todos los ciudadanos.
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos se afirma cada día como una nueva rama del Derecho, dotado de principios y reglas, teniendo como objetivo mayor la protección de la Dignidad de la persona humana en el ámbito nacional e internacional. El "Derecho a tener Derechos", según Hannah Arent (2000), pasó a ser la base primordial de todo el proceso de Internacionalización, por tanto, no sería diferente con relación al proceso de globalización de los mercados que, en la regulación de esos Derechos, la protección de los Derechos Humanos, sean civiles o políticos, en la actualidad, se envuelve un examen multidisciplinar.
Dos grandes desafíos advienen de la globalización económica - invertir en factores económicos que traigan competitividad internacional, o invertir en factores sociales, que permitan el ejercicio de la ciudadanía y el fortalecimiento de una cultura de Derechos Humanos -, y representan dos facetas de una misma realidad de aparente incompatibilidad y de difícil coexistencia, para muchos, he aquí lo que demanda la construcción de un modelo económico que, simultáneamente, contemple la promoción socioeconómica y la necesaria preservación del medio ambiente.
El gran desafío de la humanidad en el siglo XXI está en desarrollar estrategias que garanticen la sustentabilidad requerida, sea en el ámbito social, económico, jurídico, ecológico y cultural, a fin de resguardar los Derechos de ciudadanía. En ese contexto, marcado por la velocidad e intensidad de las transformaciones económicas y por la proliferación de situaciones sociales nuevas y aún no estructuradas, se verifica que la producción legislativa no consigue acompañar tales demandas, a despecho de la utilización de técnicas como las cláusulas generales que conducen a la aplicación, por el órgano juzgador, de los hechos sociales frente a la norma legislada, en sentido de concretizar el Derecho y de la actualización de la norma.
El continuo crecimiento y diversificación de las necesidades de la sociedad, en lo que concierne a la regulación por el Poder Legislativo, hizo insostenible el monopolio parlamentar; por consiguiente, la partición de la competencia legislativa con el Poder Ejecutivo implica la extensión de las competencias propias del órgano de control de la ley - el Poder Judiciario. Por tanto, se abandona la creencia en la autosuficiencia de un proceso lógico-deductivo que reduciría la interpretación a una interpretación del texto, y se destaca la importancia decisiva de la aplicación por la cual cualquier acto de interpretación constituye un aditamento de sentido.
El Judiciario, en los tiempos actuales, no puede proponerse ejercer una función tan solo jurídica, técnica, secundaria, sino que debe ejercer un papel activo, innovador del orden jurídico y social, dado que debe contribuir para la efectividad de los Derechos sociales, procurando darles su real densidad. El juez debe estar atento a las transformaciones del mundo moderno, porque, al aplicar el Derecho, no puede desconocer los aspectos sociales, políticos y económicos de los hechos que le son subyugados. Cabe al juez ejercer la actividad recreadora del Derecho a través del proceso hermenéutico, así como adaptar las reglas jurídicas a las nuevas y constantes condiciones de la realidad social y, con responsabilidad, debe buscar las soluciones justas a los conflictos, siempre con la observancia de los principios constitucionales de la proporcionalidad y de la razonabilidad.
Referencias
ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro.5. ed. São Paulo: Perspectiva, 2000.
GOMES, Luís Flávio. A dimensão da magistratura no Estado Constitucional e Democrático de Direito: independência judicial, controle judiciário, legitimação da jurisdição, politização e responsabilidade do juiz. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997.
MORAES, Germana de Oliveira. Controle jurisdicional da constitucionalidade do processo legislativo. São Paulo: Dialética, 1998.
Controle jurisdicional da Administração Pública. São Paulo: Dialética, 1999.
VASCONCELOS, Pedro Carlos Bacelar de. Teoria geral do controlo jurídico do poder público. Lisboa: Cosmos, 1996.